Levantado el Paro Catastral 2026: los acuerdos que marcan el camino del sector rural colombiano
Tras semanas de movilizaciones, bloqueos y mesas de negociación, el denominado Paro Catastral 2026 llegó a su fin luego de que el Gobierno Nacional y los representantes de los gremios agropecuarios, organizaciones campesinas y comunidades rurales alcanzaron una serie de acuerdos que buscan reformar el sistema de actualización catastral multipropósito y su impacto sobre la propiedad rural en Colombia.
Origen del conflicto
El paro se originó por el rechazo de amplios sectores del campesinado y los medianos productores rurales a la actualización catastral impulsada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y el Departamento Nacional de Planeación, en el marco de la política de Catastro Multipropósito implementada desde el Acuerdo de Paz de 2016. Los productores denunciaron que la actualización de los avalúos catastrales incrementaba desproporcionadamente la carga tributaria predial rural, poniendo en riesgo la viabilidad económica de pequeños y medianos propietarios.
Acuerdos principales alcanzados
Entre los puntos centrales del acuerdo figura la suspensión temporal de los incrementos en el impuesto predial rural derivados de la actualización catastral para predios con área inferior a 50 UAF (Unidades Agrícolas Familiares), dando un plazo de transición de 24 meses para que los municipios ajusten sus estatutos tributarios con criterios de progresividad y equidad. Asimismo, se acordó la creación de una mesa técnica permanente entre el IGAC, el Ministerio de Hacienda y las organizaciones rurales para revisar la metodología de valoración de predios rurales productivos.
El Gobierno también se comprometió a agilizar el proceso de formalización de tierras para los predios afectados por la actualización catastral y a garantizar que los recursos recaudados por el impuesto predial rural actualizado se destinen prioritariamente a inversión en infraestructura rural en los mismos municipios.
El levantamiento del Paro Catastral 2026 representa un avance importante en la búsqueda de un sistema tributario más justo para el campo colombiano. Sin embargo, el cumplimiento efectivo de los acuerdos dependerá de la voluntad política de los gobiernos municipales y de la capacidad institucional del IGAC para implementar ajustes metodológicos que reconozcan la realidad económica del productor rural.